PSOE. FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996).
LOS GOBIERNOS DEL PSOE : La revolución felipista
- Gobiernos de Felipe González
- Fin de la Transición y consolidación de la democracia
- Política interior:
o Reforma Fuerzas Armadas
o Estatutos de Autonomía y traspaso de competencias
o profundización dchos y libertades
o Terrorismo ( Pacto de Ajuria Enea, 1988)
- Política Exterior:
o Adhesión Comunidad Europea (1986), Fdo. Morán
o Permanencia OTAN
o Participación en conflictos internacionales (guerra del Golfo, Bosnia)
- Política económica y social:
o Crisis principios 80: duros ajustes (control inflación, devaluación, presión fiscal), reconversión industrial (ZUR) y flexibilidad laboral (abaratamiento despidos, etc.)
o Consecuencias: paro, conflictividad, endeudamiento del Estado, etc.
o Expansión 2ª mitad de los 80: revaluación pta., crecimiento del turismo, la producción, la inversión y el PIB, aunque sin control de la inflación ni el paro
o Desarrollo de las infraestructuras (AVE, autopistas)
o Universalidad de la sanidad y la educación (LODE)
o Prestaciones sociales (subsidios, pensiones)
- La crisis del PSOE:
o Enfrentamiento con los sindicatos (por la política econ.)
o Corrupción (FILESA, caso Guerra, Roldán), GAL, etc
o Contexto de recesión económica desde el 92
o Reorganización de la dcha. (de AP de Fraga al PP liderado por Aznar)
La España de 1982 convivía con el miedo al golpismo y al terrorismo, una inflación del 14% y dos millones de parados. El centrismo estaba agotado. Jóvenes dirigentes socialistas se ofrecieron a “cambiar” esa situación y la sociedad les creyó: 202 diputados, mayoría de récord
La sociedad de 1982 necesitaba estar más segura de la firmeza del terreno que pisaba. El partido centrista en el poder prácticamente se había deshecho en querellas y conspiraciones intestinas. Felipe González y los suyos prometieron “cambiar” ese panorama y obtuvieron el respaldo de casi diez millones de votos, traducidos en 202 escaños, la mayoría parlamentaria de un solo partido más aplastante que ha habido en España. Eso implicó una barrida de UCD, que llevaba algo más de cuatro años en el poder, y ese vaciamiento del espacio político del centro está en el origen del proceso de polarización política vivido por este país, que no ha dejado de acentuarse desde entonces en términos cada vez más agrios.
El 28 de octubre de 1982, apenas 21 meses después de dimitir y ceder el testigo de la Transición que había pilotado durante cinco años, Adolfo Suárez se desplomó en las elecciones generales. Todo el centrismo se desplomó, en realidad —el de su antiguo partido, UCD, y el del que acababa de fundar, CDS—, pero el hundimiento electoral del expresidente fue especialmente simbólico. El hombre que —proveniente de las entrañas del franquismo— había ganado dos elecciones y culminado el proceso político más importante de la historia reciente española veía cómo la ciudadanía le daba la espalda una vez asentada la democracia. Algo parecido le había sucedido a otro de los rostros principales de la Transición, Santiago Carrillo, secretario general del PCE, partido que había liderado la lucha antifranquista y que, tras ser legalizado, vio cómo los réditos electorales se desviaban en tromba hacia el PSOE. Nunca los recuperó.
Aquella noche electoral de 1982, Suárez ni siquiera supo hasta el último momento si conservaría su escaño; finalmente lo logró —el CDS obtuvo ese escaño por Madrid y otro por Ávila, el de Agustín Rodríguez Sahagún— y ya de madrugada apareció ante sus simpatizantes, reunidos en el hotel Gran Versalles de la capital. “Que no decaiga el ánimo”, dijo tras pedir un aplauso para el gran triunfador, el PSOE, y para AP, que se había disparado también.
El bipartidismo hacía su aparición y el centro empezaba su caída en desgracia. De los 168 diputados que había tenido UCD en 1979 se pasó en 1982 a 11 de UCD y dos del CDS. En tres años, el centrismo había perdido cuatro millones de votos. El propio presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, se quedó sin escaño (lo recuperó más tarde), al igual que dos padres de la Constitución (el centrista José Pedro Pérez Llorca y el comunista Jordi Solé Tura); otro más, Gabriel Cisneros, estuvo a punto. El terremoto electoral de 1982 puso fin a un ciclo.
Felipe González aterrizó en La Moncloa cuando no habían pasado dos años del golpe de Estado del 23-F. Poco antes del 28 de octubre, el día de los 10 millones de votos, había sido descubierta una nueva asonada, intentada por un grupo de oficiales y jefes militares en contacto con el teniente general Milans del Bosch, encarcelado por el golpe anterior. A su vez, ETA enviaba siniestros mensajes de muerte, alimentando así la espiral golpismo/terrorismo
Felipe González nombró un Gobierno joven (41 años de media, ligeramente por encima de su propia edad), en su mayoría gente de la clase media acomodada, la mayoría de perfil socialdemocrático y con experiencias profesionales más allá de la política.
Los gobiernos del PSOE
Liderado por Felipe González, el PSOE había ido ampliando su base social y moderando su discurso desde que en 1979 abandonase el marxismo. Su permanencia en el poder se prolongó por 14 años, cuatro legislaturas. Fue el principio de un proceso que se prolongó durante casi año y medio, con unas elecciones generales de por medio, con un PSOE que estaba al alza en las urnas y dirigido por un González de liderazgo y proyección crecientes. Apostó por la socialdemocracia –particular viaje al centro desde el marxismo- como estrategia para llegar al Gobierno. Diez meses después de que Felipe González dejara claro que quería romper amarras con Marx, su partido quedó segundo en las elecciones generales de marzo de 1979. Con ese balance, encaró en mayo de ese mismo año el congreso del Partido Socialista Obrero Español. Llegaba la hora de la verdad, su reformismo dentro del partido se la jugaba. Y en aquel primer envite, perdió. La ortodoxia marxista se impuso en aquel cónclave, y Felipe González dimitió como secretario general del PSOE. Se abrió un periodo de interinidad en la dirección del partido que se prolongó durante casi cuatro meses. Una gestora tomó las riendas. El felipismo se blindó.Aquella derrota fue solo un paréntesis en la consolidación del felipismo. Quienes vencieron en el congreso, los ortodoxos abrazados al marxismo, perdieron estrepitosamente en el congreso extraordinario que el PSOE celebró el 28 y 29 de septiembre de 1979. Felipe González había ganado. El felipismo se había blindado para muchos años.Habían pasado apenas tres años de aquel histórico Congreso de Suresnes que eligió secretario general del PSOE a un joven de 32 años, el «Isidoro» de la clandestinidad.
En política interior, su programa de gobierno se centró en sanear la economía y modernizar el país. Para ello emprendió una reforma del Estado, ampliando la legislación sobre derechos y libertades, la reforma de las Fuerzas Armadas y la concesión de los últimos estatutos de autonomía. En materia antiterrorista, consiguió la firma del Pacto de Ajuria Enea en 1988, al que se sumaron todos los partidos democráticos.
La política exterior se caracterizó por la normalización de relaciones con nuestro entorno. Tras un referéndum de consulta en 1986, España permanecía en la OTAN. Fruto de esta integración fue la participación de España en los conflictos del Golfo y de los Balcanes. Previamente se había firmado el tratado de adhesión a la Comunidad Europea (junio de 1985) tras superar las difíciles negociaciones.
En política social, el aumento de la presión fiscal permitió ampliar las prestaciones sociales: la Ley General de Sanidad supuso la universalización de la cobertura sanitaria; se aprobaron la LODE y la LOGSE sobre ordenación del sistema educativo, que ampliaban la escolarización hasta los 16 años; y se dotó de amplia autonomía a la universidad con la LAU.
En política económica, la crisis de principios de los 80 obligó a realizar ajustes duros, como el control de la inflación, la devaluación monetaria y el aumento de la presión fiscal. La reconversión industrial (cierre de empresas públicas que no resultaban rentables, especialmente en los sectores siderúrgico, minero y naval) y la flexibilización laboral (contratos temporales y abaratamiento de los despidos) llevadas a cabo por el ministro Solchaga para modernizar los sectores fueron las medidas de ajuste más duras. Las consecuencias inmediatas fueron el aumento del paro (hasta el 22%) y el déficit del Estado, además de la conflictividad social y el enfrentamiento con las centrales sindicales, que convocaron conjuntamente (CCOO y UGT) una huelga general en diciembre de 1988.
La sociedad, ya plenamente industrial y urbana, con un nivel de educación y cultura muy superior al de las décadas anteriores, vivió la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. También se incorporaron a dicho mercado los jóvenes nacidos en el baby-boom de los 60, lo que elevó el paro juvenil, a pesar del envejecimiento de la población española, cuya edad media de vida se amplió. Las corrientes migratorias cambiaron y España pasó de ser país emisor a receptor de emigrantes.
La crisis del PSOE se fraguó en el enfrentamiento con los sindicatos por la política económica y por los escándalos de corrupción, como el caso Roldán, director general de la Guardia Civil que se fugó tras un desfalco millonario; o la financiación ilegal del partido a través de la empresa FILESA. Además estalló el caso GAL, cuando se descubrió una trama organizada por el Ministerio del Interior para secuestrar y asesinar a supuestos terroristas en el sur de Francia.
En este contexto de crisis, la derecha consiguió reorganizarse en torno al Partido Popular, refundación de Alianza Popular llevada a cabo en 1989, cuando José Mª Aznar sustituyó a Fraga en su presidencia.
Liderado por Felipe González, el PSOE había ido ampliando su base social y moderando su discurso desde que en 1979 abandonase el marxismo. Su permanencia en el poder se prolongó por 14 años, cuatro legislaturas. Fue el principio de un proceso que se prolongó durante casi año y medio, con unas elecciones generales de por medio, con un PSOE que estaba al alza en las urnas y dirigido por un González de liderazgo y proyección crecientes. Apostó por la socialdemocracia –particular viaje al centro desde el marxismo- como estrategia para llegar al Gobierno. Diez meses después de que Felipe González dejara claro que quería romper amarras con Marx, su partido quedó segundo en las elecciones generales de marzo de 1979. Con ese balance, encaró en mayo de ese mismo año el congreso del Partido Socialista Obrero Español. Llegaba la hora de la verdad, su reformismo dentro del partido se la jugaba. Y en aquel primer envite, perdió. La ortodoxia marxista se impuso en aquel cónclave, y Felipe González dimitió como secretario general del PSOE. Se abrió un periodo de interinidad en la dirección del partido que se prolongó durante casi cuatro meses. Una gestora tomó las riendas. El felipismo se blindó.Aquella derrota fue solo un paréntesis en la consolidación del felipismo. Quienes vencieron en el congreso, los ortodoxos abrazados al marxismo, perdieron estrepitosamente en el congreso extraordinario que el PSOE celebró el 28 y 29 de septiembre de 1979. Felipe González había ganado. El felipismo se había blindado para muchos años.Habían pasado apenas tres años de aquel histórico Congreso de Suresnes que eligió secretario general del PSOE a un joven de 32 años, el «Isidoro» de la clandestinidad.
http://www.abc.es/espana/la-transicion-espanola/abci-cena-felipe-gonzalez-renego-marxismo-
En política interior, su programa de gobierno se centró en sanear la economía y modernizar el país. Para ello emprendió una reforma del Estado, ampliando la legislación sobre derechos y libertades, la reforma de las Fuerzas Armadas y la concesión de los últimos estatutos de autonomía. En materia antiterrorista, consiguió la firma del Pacto de Ajuria Enea en 1988, al que se sumaron todos los partidos democráticos.
La política exterior se caracterizó por la normalización de relaciones con nuestro entorno. Tras un referéndum de consulta en 1986, España permanecía en la OTAN. Fruto de esta integración fue la participación de España en los conflictos del Golfo y de los Balcanes. Previamente se había firmado el tratado de adhesión a la Comunidad Europea (junio de 1985) tras superar las difíciles negociaciones.
En política social, el aumento de la presión fiscal permitió ampliar las prestaciones sociales: la Ley General de Sanidad supuso la universalización de la cobertura sanitaria; se aprobaron la LODE y la LOGSE sobre ordenación del sistema educativo, que ampliaban la escolarización hasta los 16 años; y se dotó de amplia autonomía a la universidad con la LAU.
En política económica, la crisis de principios de los 80 obligó a realizar ajustes duros, como el control de la inflación, la devaluación monetaria y el aumento de la presión fiscal. La reconversión industrial (cierre de empresas públicas que no resultaban rentables, especialmente en los sectores siderúrgico, minero y naval) y la flexibilización laboral (contratos temporales y abaratamiento de los despidos) llevadas a cabo por el ministro Solchaga para modernizar los sectores fueron las medidas de ajuste más duras. Las consecuencias inmediatas fueron el aumento del paro (hasta el 22%) y el déficit del Estado, además de la conflictividad social y el enfrentamiento con las centrales sindicales, que convocaron conjuntamente (CCOO y UGT) una huelga general en diciembre de 1988.
Boyer asumió la responsabilidad de diseñar y ejecutar una política de saneamiento y reforma de la economía española y para ello: devaluó la peseta un 8% para recuperar competitividad; subió los impuestos para reducir el déficit, articuló con el Banco de España una política monetaria moderna y ortodoxa; asumió con realismo repercutir a los precios energéticos el encarecimiento del petróleo; y abordó la reestructuración de empresas públicas y privadas amenazadas de quiebra (siderurgia, astilleros, Seat, Explosivos Rio Tinto, Banco Urquijo…).
Una política que no compartieron los sindicatos y que llevó a la desavenencia entre UGT y PSOE, y que tampoco gozó del apoyo de la patronal, más preocupada por debilitar a los socialistas que por modernizar el tejido empresarial.
Dos capítulos destacados en la trayectoria de Boyer durante esos treinta meses de gobierno fueron el caso Rumasa y el decreto ley de mayo de 1985 (dos páginas del Boletín Oficial del Estado) que abrió la puerta a la recuperación económica y a la integración en la Europa comunitaria.
Pero
la expansión de la segunda mitad de los 80 permitió una revalorización
de la peseta y el equilibrio de la balanza de pagos con el aumento de
los ingresos por turismo, la inversión extranjera, la producción
industrial y el PIB, lo que permitió ampliar los servicios sociales,
(subsidios y pensiones). Se mejoraron las infraestructuras (construcción
de nuevas autorías y del AVE) y se impulsaron acontecimientos de ámbito
internacional como las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla.
Pero no se controló la inflación y el paro siguió creciendo (25%);
además se apreciaban los síntomas de otro nuevo ciclo recesivo desde
1993.La sociedad, ya plenamente industrial y urbana, con un nivel de educación y cultura muy superior al de las décadas anteriores, vivió la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. También se incorporaron a dicho mercado los jóvenes nacidos en el baby-boom de los 60, lo que elevó el paro juvenil, a pesar del envejecimiento de la población española, cuya edad media de vida se amplió. Las corrientes migratorias cambiaron y España pasó de ser país emisor a receptor de emigrantes.
La crisis del PSOE se fraguó en el enfrentamiento con los sindicatos por la política económica y por los escándalos de corrupción, como el caso Roldán, director general de la Guardia Civil que se fugó tras un desfalco millonario; o la financiación ilegal del partido a través de la empresa FILESA. Además estalló el caso GAL, cuando se descubrió una trama organizada por el Ministerio del Interior para secuestrar y asesinar a supuestos terroristas en el sur de Francia.
En este contexto de crisis, la derecha consiguió reorganizarse en torno al Partido Popular, refundación de Alianza Popular llevada a cabo en 1989, cuando José Mª Aznar sustituyó a Fraga en su presidencia.
A) LA PRIMERA LEGISLATURA SOCIALISTA (1982-1986)
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Foto de familia del primer Gobierno del PSOE tras su victoria en las elecciones legislativas de octubre de 1982, hecha en las escaleras de acceso al Palacio de La Moncloa de Madrid. Primera fila, de izq. a dcha.: José Barrionuevo, ministro del Interior; Fernando Ledesma, ministro de Justicia; Narcís Serra, ministro de Defensa; Alfonso Guerra, vicepresidente; Felipe González, presidente del Gobierno; Javier Solana, ministro de Cultura; Javier Moscoso, ministro de la Presidencia; y José María Maravall, ministerio de Educación y Ciencia. Segunda fila, de izq. a dcha.: Tomás de la Quadra, ministro de Administración Territorial; Ernest Lluch, ministro de Sanidad; Carlos Romero, ministro de Agricultura; Carlos Solchaga, ministro de Industria y Energía; Enrique Barón, ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones; Julián Campo, ministro de Obras Públicas y Urbanismo; Joaquín Almunia, ministro de Trabajo; y Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores. En la última fila, solo: Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda.
Las elecciones del 28 de octubre de 1982 dieron el triunfo al P.S.O.E., con el mensaje electoral del “cambio” y a su líder Felipe González Márquez, con más de diez millones de votos favorables y la mayoría absoluta en las Cortes Generales (202 de 350 diputados). Esta mayoría absoluta, repetida en las elecciones de 1986 y de 1989, unida a la alcanzada en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, permitió al P.S.O.E. gobernar en solitario a lo largo de una década (1982-1992).
La segunda fuerza más votada, el Partido Popular (denominación que adoptó Alianza Popular tras su Congreso de 1989), lideró la oposición desde la derecha si bien prestó su apoyo en campos como la seguridad, el desarrollo autonómico o las relaciones internacionales. Izquierda Unida (IU), coalición dirigida por el P.C.E., representa la oposición por la izquierda.
El primer problema que tuvo que tratar el nuevo gobierno, y que no había sido abordado durante toda la transición, era el de la grave situación económica que necesitaba medidas urgentes. Por si fuera poco en 1979 se inició una nueva crisis del petróleo que conllevó un encarecimiento de los productos. Para solucionar la crisis económica se tomaron medidas muy duras: devaluación de la peseta, subida de los tipos de interés, aumento de los impuestos… La medida más espectacular fue el proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas empresas siderometalúrgicas que no eran rentables. También se expropió al holding de Rumasa, una empresa gigantesca que amenazaba quiebra y que hubiera dejado en el paro a miles de personas.
El objetivo era sanear la economía, pero las recetas eran muy duras, tras dos años de ajustes se inició nuevamente el crecimiento económico que sería espectacular en la segunda mitad de los ochenta.
Podemos calificar estos años como los años de las reformas.
Pronto se comprobó la cautela con que el Gobierno socialista daba pasos hacia el reconocimiento de otros derechos a los ciudadanos. En las primeras semanas del Gobierno “del cambio” se adoptó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la ampliación de las vacaciones anuales a 30 días. Se comenzó a plantear también la universalización de la asistencia sanitaria, pronto enredada en una batalla con la organización médica colegial por la configuración del sistema de salud y en las tensiones entre el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, y otros miembros del Gobierno preocupados por el coste de extender la asistencia sanitaria pública a otros dos millones de personas. El Ejecutivo tampoco tardó en poner en marcha la promesa de legalizar el aborto en ciertos supuestos, un proyecto que la Iglesia católica torpedeó desde el primer instante.
Devaluar la peseta en un 8% fue la primera medida que se tomó un sábado por la mañana, anunciada tras una reunión informal del Gabinete, días antes de la primera sesión formal del Consejo de Ministros. Al tiempo se incrementó en un punto el coeficiente de caja de los bancos. Que las ofertas de la potente mayoría absoluta iban a darse de bruces con la realidad estuvo claro desde el principio, pero solo para un reducido grupo de dirigentes. Aunque los niveles de paro no eran tan insoportables como los actuales (2,1 millones de desempleados, el 16,4% de la población activa, que en aquel tiempo no llegaba a 11 millones de personas), la inflación era terrible: los anteriores Gobiernos centristas habían conseguido reducirla del 26% en 1977 al 14% en que todavía se encontraba en 1982.
Gestos de autoridad como la expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, terminaron convirtiéndose en un bumerán para el Gobierno. La espectacularidad de la medida no pudo tapar otras que el Gobierno empezó a preparar y a adoptar. El PSOE había ido a las elecciones con la formidable promesa de crear 800.000 puestos de trabajo, pero lo que se planteó a las pocas semanas de estrenar el poder fue un programa de reconversión de amplios sectores industriales, impulsado por el entonces ministro de Industria, Carlos Solchaga, que dio origen a huelgas, manifestaciones y asombro en militantes socialistas y de la UGT de que “Felipe” fuera capaz de hacerles “esto”. La lógica económica de aquellas medidas —cambiar el habitual recurso de las ayudas públicas a fondo perdido a las empresas en dificultades— iba a forzar la reconversión de la actividad siderometalúrgica, la construcción naval y el textil. Al final terminó costando mucho dinero público.
Se reformaron las Fuerzas Armadas para evitar nuevos golpes de Estado (el último fue abortado en 1985), también se reformaron los cuerpos de seguridad del Estado para que fueran eficaces en la lucha contra ETA que se mantenía implacable con atentados diarios. En cuanto a las reformas de contenido social se aprobó la LODE, la nueva ley educativa que creaba los consejos escolares en los centros, se reformó también el funcionamiento de las universidades para aumentar la autonomía de estos centros. También se reformó la justicia. Pero la reforma más polémica de esta etapa fue la ley de despenalización del aborto que fue duramente contestada por la derecha y por la Iglesia católica.
Pronto se comprobó la cautela con que el Gobierno socialista daba pasos hacia el reconocimiento de otros derechos a los ciudadanos. En las primeras semanas del Gobierno “del cambio” se adoptó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la ampliación de las vacaciones anuales a 30 días. Se comenzó a plantear también la universalización de la asistencia sanitaria, pronto enredada en una batalla con la organización médica colegial por la configuración del sistema de salud y en las tensiones entre el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, y otros miembros del Gobierno preocupados por el coste de extender la asistencia sanitaria pública a otros dos millones de personas. El Ejecutivo tampoco tardó en poner en marcha la promesa de legalizar el aborto en ciertos supuestos, un proyecto que la Iglesia católica torpedeó desde el primer instante.
Devaluar la peseta en un 8% fue la primera medida que se tomó un sábado por la mañana, anunciada tras una reunión informal del Gabinete, días antes de la primera sesión formal del Consejo de Ministros. Al tiempo se incrementó en un punto el coeficiente de caja de los bancos. Que las ofertas de la potente mayoría absoluta iban a darse de bruces con la realidad estuvo claro desde el principio, pero solo para un reducido grupo de dirigentes. Aunque los niveles de paro no eran tan insoportables como los actuales (2,1 millones de desempleados, el 16,4% de la población activa, que en aquel tiempo no llegaba a 11 millones de personas), la inflación era terrible: los anteriores Gobiernos centristas habían conseguido reducirla del 26% en 1977 al 14% en que todavía se encontraba en 1982.
Gestos de autoridad como la expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, terminaron convirtiéndose en un bumerán para el Gobierno. La espectacularidad de la medida no pudo tapar otras que el Gobierno empezó a preparar y a adoptar. El PSOE había ido a las elecciones con la formidable promesa de crear 800.000 puestos de trabajo, pero lo que se planteó a las pocas semanas de estrenar el poder fue un programa de reconversión de amplios sectores industriales, impulsado por el entonces ministro de Industria, Carlos Solchaga, que dio origen a huelgas, manifestaciones y asombro en militantes socialistas y de la UGT de que “Felipe” fuera capaz de hacerles “esto”. La lógica económica de aquellas medidas —cambiar el habitual recurso de las ayudas públicas a fondo perdido a las empresas en dificultades— iba a forzar la reconversión de la actividad siderometalúrgica, la construcción naval y el textil. Al final terminó costando mucho dinero público.
Se reformaron las Fuerzas Armadas para evitar nuevos golpes de Estado (el último fue abortado en 1985), también se reformaron los cuerpos de seguridad del Estado para que fueran eficaces en la lucha contra ETA que se mantenía implacable con atentados diarios. En cuanto a las reformas de contenido social se aprobó la LODE, la nueva ley educativa que creaba los consejos escolares en los centros, se reformó también el funcionamiento de las universidades para aumentar la autonomía de estos centros. También se reformó la justicia. Pero la reforma más polémica de esta etapa fue la ley de despenalización del aborto que fue duramente contestada por la derecha y por la Iglesia católica.
En cuanto a la política exterior el éxito más notable de esta etapa fue la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba entonces la Unión Europea, el día 1 de enero de 1986. Sin embargo, el PSOE dio un gran viraje político en el asunto de la permanencia o no en la OTAN, uno de los ejes de su campaña electoral, Felipe González pasó del NO a la OTAN a apoyar la permanencia en ese organismo. Convocó un referéndum y salió el sí (los medios de comunicación oficiales se volcaron con el sí y el presidente amenazó con dimitir si salía el no).
La adhesión a las Comunidades Europeas era la meta hacia la que se dirigían las ambiciones de casi todos los partidos, y desde luego la del PSOE. Pero además de atacar el nudo gordiano de las negociaciones para la admisión en el club europeo, aquel Felipe González que había asistido a gigantescas concentraciones humanas en contra de la entrada en la Alianza Atlántica y aquel PSOE que había prometido a los votantes un referéndum sobre la OTAN tenían que enfrentarse al incumplimiento de otra importante promesa, o a cumplirla, pero dándole la vuelta a la opinión pública.
Parte del pueblo de izquierdas que le había respaldado iba a oponerse a los planes de Felipe González. Les parecía posible y deseable vivir al margen de la confrontación entre las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, sin alinearse con ninguno de los bloques ni exponerse a las eventuales consecuencias de una confrontación nuclear. En un primer momento, Felipe González actuó con la máxima cautela respecto a ese asunto.
Años más tarde, González iba a jugarse su futuro político a la victoria del “sí” en la consulta convocada para quedarse dentro de la Alianza Atlántica; y Fraga también, al tomar la extraña opción de pedir la abstención en ese referéndum. Felipe González preparó con mucho tiempo la operación de tensionar y dramatizar al máximo las consecuencias de una victoria del “no”. Posteriormente reconoció que aquel referéndum había sido un error.
EFE Alonso Alvarez de Toledo entrega el documento de adhesión
España era un país en el que todo estaba aún por hacer.
En ese «todo estaba aún por hacer», uno de los peldaños decisivos para la asunción de España al contexto internacional fue la integración de nuestra Defensa y Fuerzas Armadas en la Alianza Atlántica, una organización constituida en 1949 como respuesta a la amenaza de la URSS, en Europa principalmente.
La entrada en la OTAN fue ese primer, gran y decisivo peldaño para que la «marca España» comenzara a escalar en los foros internacionales. Un paso que consolidarían otros eventos y hechos que, por orden cronológico, tendrían como hitos la celebración del Munidal de Fútbol de Naranjito, la entrada en la UE, las Cumbres Iberoamericanas, el glorioso año 92 (JJ.OO., Expo, Capital Cultural Europea), los relevos políticos con PSOE y PP de protagonistas, la entrada en el euro,... todo eso y más hasta acabar en la España de hoy.
Quince países conformaban aquel entonces el exclusivo club de la Defensa occidental: España sería el número 16. Hoy son 28
Ya sabemos que el PSOE enarboló aquella bandera del «OTAN, de entrada no» para luego celebrar un referéndum en marzo de 1986 en el que pidió a sus votantes el «Sí». El paradigma perfecto del PSOE respecto a la OTAN siempre fue la figura de Javier Solana, el hasta ahora único secretario general español de la OTAN (1995 y 1999),
B) LA SEGUNDA LEGISLATURA SOCIALISTA (1986-1989)
El Partido Socialista repitió mayoría absoluta en las elecciones de 1986, Coalición Popular repitió resultados y Fraga renunció como líder abriéndose en el partido una larga crisis que acabó en 1989 con la elección de José María Aznar como presidente del partido. Izquierda Unida estuvo a partir de ahora dirigida por Julio Anguita. En esta legislatura se configuró definitivamente el Estado autonómico.
Pero el hecho más trascendente del periodo es el espectacular crecimiento económico motivado por las medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura y la etapa de prosperidad a nivel internacional y que llegaría hasta 1992. El aumento de la recaudación y la llegada de fondos europeos permitieron llevar a cabo una política de inversiones públicas sin precedentes: construcción de autovías, modernización de vías férreas, mejora de los servicios sanitarios y educativos…
Sin embargo, la otra cara de la moneda fue el aumento de las desigualdades sociales y el crecimiento del paro. Estos hechos fueron denunciados por los sindicatos que el día 14 de diciembre de 1988 convocaron una huelga general que fue seguida por cerca del 90% de la población.
C) LA TERCERA LEGISLATURA SOCIALISTA (1989-1993)
El Gobierno volvió a ganar por tercera vez las elecciones con mayoría absoluta pero esta vez con un descenso significativo del número de votantes. Hablar de esta legislatura es hablar de los acontecimientos de 1992. España organizó dos grandes eventos a nivel internacional: la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Para ambos acontecimientos se realizaron enormes inversiones económicas: AVE Madrid-Sevilla, reordenación de las dos ciudades… En general los dos eventos fueron un éxito. En el 1992 se continuaba el crecimiento económico, esto permitió completar los planes de carreteras y las dotaciones sociales. Especial importancia tuvo la inversión educativa dirigida a la nueva construcción de centros escolares debido a la nueva reforma educativa (LOGSE) aprobada en 1991.
Pero a partir de 1993 se inició una crisis económica a nivel internacional que afectó profundamente a España por las enormes inversiones realizadas en 1992. En pocos meses se hundió el consumo, se disparó la inflación, creció el paro hasta los tres millones y quebraron muchas empresas, los buenos tiempos habían terminado.
En política internacional España participó en la guerra del Golfo en 1991 y además, fue sede la Conferencia de Paz de Oriente Próximo entre israelíes y palestinos por la que se inició una aproximación entre los dos enemigos acérrimos.
En la lucha contra el terrorismo España se vio beneficiada por la colaboración francesa y por la unión de casi todas las fuerzas políticas contra el terrorismo. Sin embargó, estalló el escándalo de los GAL, un grupo armado antietarra integrado por un grupo de policías y mercenarios, salió a la luz pública cuando dos de esos policías fueron condenados y acusaron al ministro del Interior. También a finales de esta legislatura empezaron a aparecer los primeros casos de corrupción: el hermano del vicepresidente –Alfonso Guerra- fue acusado de tráfico de influencias; y el escándalo de Filesa, una trama de empresas que tenían como objetivo financiar de manera ilegal al PSOE.
Hubo huelgas provocadas por la reconversión industrial y por la primera
reforma de las pensiones, y muchas heridas políticas y sociales causadas
por el polémico referéndum. Felipe González no intentó contrarrestarlo
con un estilo populista —en vez de “síndrome de La Moncloa”, él prefería
llamar al complejo presidencial “la sala de máquinas”—. El desgaste fue
moderado y a ello contribuyeron la actuación del Gobierno respecto a
las Fuerzas Armadas, que realmente se retiraron de la política, y el
combate encarnizado contra el terrorismo de ETA. Una nueva ley
antiterrorista facilitó incomunicar hasta diez días a los detenidos, lo
cual dio origen a graves abusos policiales y a fuertes indicios de que
la tortura seguía practicándose.
D) LA CUARTA LEGISLATURA SOCIALISTA (1993-1996)
Las nuevas elecciones dieron nuevamente el mayor número de votos al PSOE, pero esta vez los socialistas no tenían la mayoría absoluta y tuvieron que pactar con Convergencia i Unió.
Si algo designa esta etapa son los numerosos casos de corrupción que aparecieron. Unos fueron estrictamente financieros (intervención de Banesto…); otros venían de la etapa anterior (GAL y Filesa); pero el caso que más desprestigió al Gobierno fue el de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, acusado de una estafa millonaria al cobrar comisiones ilegales por la contratación de obra pública en los cuarteles. El último escándalo fue la identificación de los cadáveres de dos supuestos etarras –Lasa y Zabala- que fueron secuestrados, torturados y asesinados en circunstancia extrañas, las pruebas apuntaban a miembros de la Guardia Civil.
Debido a todos estos escándalos el clima político era irrespirable. En 1995 Convergencia i Unió, aliado indispensable para el Gobierno, votó contra los presupuestos, Felipe González asumió su derrota y convocó elecciones para mayo de 1996.
PARA SABER MÁS, VER:
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11.Estalla el ‘caso Guerra’BIBLIO/WEBGRAFÍA
- 1982: El cambio
-28-O de 1982. El triunfo del PSOE
- 20 años del triunfo del PSOE
100 propuestas democráticas
PARA AMPLIAR:
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